Planificación y financiación del desarrollo de América del Sur

"Telegrafo"

Nuestro compañero Humberto Podetti, de la Universidad Nacional de Cuyo y del Foro San Martín ha presentado hoy una ponencia en el marco del III Congreso Latinoamericano de Prospectiva y Estudios del futuro-Prospecta América Latina 2012 y el I Congreso Nacional de Prospectiva-Prospecta Argentina 2012, que ya les habíamos anticipado aquí. Este es el Resumen".

Planificación y financiación del Desarrollo de América del Sur

Humberto Podetti

Universidad Nacional de Cuyo (Buenos Aires)

Foro San Martín

I La parte del futuro acerca de la cual podemos decidir ha crecido exponencialmente

a) El mundo en los primeros doce años del siglo XXI

El siglo XX culminó como el siglo de la maldad insolente: a la mayor cantidad de riqueza y conocimiento acumulados en toda la historia de la humanidad se correspondió la situación de mayor injusticia en la distribución de los bienes y el conocimiento[1]. Simultáneamente el siglo pasado fue también el de las mayores violaciones a los derechos de las personas y el de la mayor cantidad de declaraciones de esos derechos. La gravedad de esa situación puede advertirse en que por primera vez en la historia, una parte significativa de la población del mundo se encuentra excluida de la pertenencia a su comunidad y se rechaza violentamente su incorporación a otra comunidad.

La respuesta de los pueblos fue también por primera vez, universal. El siglo XXI se inició como el de la movilización de multitudes en todas las naciones del mundo, alzándose contra la injusticia y la insolencia. Cualquiera fuere el régimen de gobierno, la cultura o la fe religiosa, no hubo pueblo de la tierra que en estos doce años del nuevo siglo no se manifestara en asamblea popular. Tal vez el hito que señale el futuro haya sido el pronunciamiento popular del 1 de mayo de 2006 en EEUU, en el que millones de ‘hispanos’ proclamaron en asambleas multitudinarias llevadas a cabo en todas las ciudades norteamericanas, el derecho de toda persona a pertenecer a una comunidad organizada, es decir, el derecho a tener derechos.

A diferencia de las movilizaciones populares del último tercio del siglo XX -que iniciaron en Polonia el fin del comunismo soviético, en la Plaza Tian an men el inicio del capitalismo comunista chino o en Soweto la derrota política del racismo sudafricano-, las movilizaciones del siglo XXI tienen tres exigencias comunes: el de pertenecer a una comunidad organizada,  el del acceso universal a los bienes y al conocimiento y el de la participación de todos en la toma de decisiones, como medio y garantía de la pertenencia y el acceso. La concreción de estos reclamos tienen en cada región del mundo caminos propios pero la construcción de esos caminos diversos comparte el material principal: la participación de modo efectivo en el poder político y económico: elegir, controlar, decidir, cuestionar, condenar, garantizar.

La globalización ha desplazado el poder real de los pueblos y de muchos estados a las grandes corporaciones globales, que hacen sus propias leyes e imponen sus jueces y deciden acerca del acceso a los bienes y al conocimiento de las personas y explotan la naturaleza, con la complicidad de los gobiernos de algunos grandes estados[2]. Y los pueblos han reaccionado en consecuencia: la exigencia que el mercado global debe subordinarse al poder democrático ha estado presente en las movilizaciones en cada rincón del mundo, pero principalmente en EEUU, la Unión Europea y Japón.

 Pero las leyes y jueces de los estados-nación del siglo XIX y la democracia liberal del siglo XX  son impotentes para hacer respetar sus decisiones y muchas veces, además,  cómplices de las grandes corporaciones globales, cuya lógica ha penetrado hasta los rincones más remotos e íntimos de la vida humana sobre la tierra.

La única respuesta posible es el incremento del poder de los pueblos, las comunidades y las personas.

Los procesos de integración regional, si simultáneamente implican la pertenencia de las personas sin excepciones a las sociedades, la profundización de la democracia y la democratización de la economía,  permitirán cambiar la naturaleza de la globalización.

La formación de estados continentales -como será, a mediano plazo, UNASUR-, harán posible un mundo multipolar, en el que exista un razonable equilibrio entre los pueblos, los estados y las organizaciones internacionales. Pero además, deben realizar la justicia social y democratizar la economía, para que la globalización pueda transformarse en globalización política –es decir, democrática- que ponga al mercado y a la economía al servicio de las necesidades de las personas y las comunidades.

En consecuencia, el desafío para los 88 años que restan del siglo pueden resumirse en: mas democracia, más integración y más soberanía para garantizar que sea posible un mundo sin excluidos y una mejor distribución de los bienes y el conocimiento.

b) Cambios en el sistema de poder en América

El agotamiento del sistema nacido en las postrimerías de la segunda gran guerra europea del siglo pasado[3], y que tuvo su apogeo con la formulación del Consenso de Washington entre las principales entidades financieras del mundo, ha entrado su declinación definitiva. Fue, como era previsible, sólo una bisagra entre dos etapas de la historia humana, al haber desplazado el escenario de la competencia por el poder y los bienes del espacio al tiempo[4] y privado de sentido a la vida humana personal y social[5]. La colonización de los estados en EEUU y la Unión Europea ha profundizado la crisis y producido resultados críticos: la reducción de la soberanía de lo estados más poderosos del mundo, la extinción de la social democracia y el estado de bienestar, el crecimiento desmesurado de la pobreza y la desigualdad[6]Si bien es posible que la nueva era en gestación sea aún peor que la anterior para el derecho de las personas a tener derechos, comenzando por el derecho a vivir[7], es también posible que la humanidad avance hacia una situación mejor. Y numerosos indicios del presente parecen constituir una plataforma desde la que es posible pensar en un mayor protagonismo de los pueblos y las personas en las decisiones acerca del futuro y que alguna parte de ese futuro sea como ellos quieren que sea.

Durante el pronunciamiento popular del 1 de mayo de 2006 en EEUU, indudablemente el centro del poder público y privado de la era que concluye, los manifestantes cantaron en diversos ciudades el himno nacional norteamericano en castellano. Bush declaró pocos días después que cantar el himno en castellano era subversivo. A partir de entonces, el poder de la comunidad latinoamericana no ha dejado de crecer. En la presente campaña electoral Obama ha pronunciado muchos discursos en castellano y entonó algunas estrofas de su himno en nuestra lengua. También inauguró un monumento a César Chávez, el Martin Luther King del movimiento hispano. La Convención Demócrata de septiembre de 2012 fue presidida por un hispano, Antonio Villaraigosa. Y quien dio el discurso de apertura, señalando las líneas fundamentales de la propuesta demócrata, fue otro hispano, Julián Castro, de 36 años. Quién da ese discurso es habitualmente alguien con futuro promisorio, presidenciable. Obama ocupó ese lugar en la Convención Demócrata de 2004. La mitad de los jóvenes en condiciones de votar en EEUU en las próximas elecciones son hispanos.

Al concluir el 15 de abril pasado la Cumbre de Cartagena de Indias, que reunió a la mayoría de los países miembros de la OEA, EEUU no pudo obtener el documento final que había propuesto ante la unánime exigencia de los países latinoamericanos que se incluyera el reingreso de Cuba a la organización y la condena a Gran Bretaña por su negativa a reintegrar las Islas Malvinas a Argentina. A su regreso a Washington, Obama se encontró con una fuerte declaración de la Asamblea Episcopal Norteamericana –que expresa a los católicos y entre ellos a los ‘hispanos’ que ya son un cuarto de la población de EEUU- exigiendo el retorno irrestricto de Cuba al sistema interamericano.

Dos meses después el gobierno de facto de Paraguay llevó a la OEA el caso de las sanciones recibidas por la destitución ilegal de su Presidente y Presidente UNASUR, Fernando Lugo. Pese al apoyo de Estados Unidos para sostener un informe del Secretario General de la OEA que declaraba que la destitución había sido legal, la votación fue terminante, rechazando el informe y exigiendo el pronto llamado a elecciones para restablecer la democracia en el Paraguay.

Casi de inmediato fue una nación de América del Sur, Ecuador, la que presentó una moción en la OEA, solicitando que se convocase a una reunión de Cancilleres de la organización para exigir a Gran Bretaña que respetase la inmunidad de la Embajada de Ecuador en Londres, en la que había pedido y recibido asilo político Julián Assange. El 17 de agosto se produjo la votación y fue nuevamente terminante, pese a los esfuerzos de Estados Unidos y Canadá: 23 países votaron a favor de la convocatoria solicitada por Ecuador, tres votaron en contra y cinco se abstuvieron[8].

Los votos a favor se integran con los de los 12 países de América del Sur que forman UNASUR,  3 países del Caribe que integran el ALBA (Antigua y Barbuda, Dominica y San Vicente y las Granadinas), 2 países del Caribe que tradicionalmente acompañan a América del Sur, Santo Domingo y Haití, 5 países de América Central y el gran país latino de América del Norte, México.

El 24 de agosto se realizó la reunión de Cancilleres y, como era de esperar luego de la votación previa, la OEA aprobó por unanimidad exigir a Gran Bretaña el respeto de la sede diplomática de Ecuador, con las solitarias reservas de Estados Unidos y Canadá.

Al inaugurar la X Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas el Presidente de Uruguay y uno de los líderes más significativos de UNASUR, José Mujica, señaló que la "gran guerra" de la región es "contra la desigualdad y la pobreza" y que es necesario gobernar el mundo con “otra mirada”.

Pese a ello y como había ocurrido en la Cumbre de Cartagena de Indias, Estados Unidos y Canadá vetaron el tratamiento de la soberanía argentina y sudamericana sobre las Islas Malvinas. Sin embargo, el Ministro de Defensa de Brasil, Celso Amorin, en su primera intervención en la Conferencia, desconociendo el veto, sostuvo que “en el marco de cuestiones de defensa y seguridad, Brasil considera que la conferencia debe registrar las reivindicaciones de Argentina sobre las Islas Malvinas, como ya ocurrió en el MERCOSUR, la UNASUR y la CELAC”. Los países de América Latina y el Caribe –que integran la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC)- resolvieron adoptar una posición más drástica que la que siguieron en Cartagena de Indias, emitiendo una Declaración Final de la Cumbre, en la que incluyeron expresamente el reclamo de reconocimiento de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y en concordancia con las palabras del Presidente uruguayo, José Mújica, expresaron su decisión de promover la paz y la cooperación en el Atlántico Sur, en referencia al ejercicio militar planificado por Gran Bretaña en las Malvinas. Estados Unidos y Canadá debieron limitarse a expresar sus reservas sobre la cláusula. La decisión de la CELAC expresa nuevamente que EEUU y Canadá deberán revisar sus políticas internacionales para no quedar aislados en el sistema hemisférico.

Esa política parece seguir los tambores del siglo pasado y no los del presente. América del Norte no puede desarrollar una política internacional sostenible sin dialogar con la América del sur del Río Grande acerca de los derechos e intereses de los latinoamericanos, que cada día consolidan más una visión unificada de los asuntos mundiales.

Lo que no habían podido obtener hasta ahora los países de la América que habla castellano y portugués lo obtuvo UNASUR, que está asumiendo paulatinamente el liderazgo interno del Continente. Esto implica el fortalecimiento de la soberanía y la capacidad de decisión de cada uno de nuestros estados y amplía el margen de maniobra de México, atado a EEUU por el NAFTA. También muestra un horizonte de sentido a la población ‘hispana’ norteamericana, cuya importancia cultural y política en EEUU crece permanentemente[9]. Y, por fin, este liderazgo naciente se hace bajo los principios del Consenso del Cusco –expresados en el art. 3 de la Constitución de UNASUR- lo que ofrece a las demás naciones y bloques regionales que pugnan por la conformación de un mundo multipolar y razonablemente equilibrado, un sólido compromiso humanista.

II – Planificación y financiación del desarrollo de América del Sur

La profundización de la democracia comenzará por cambiar el principio general que la funda: debe ser el pueblo –y no sus representantes- quien delibera y gobierna por los medios que hagan posible la expresión ordenada, congruente y permanente de su voluntad. Los representantes deben ser sólo mandatarios obligados a cumplir las instrucciones de sus mandantes y a rendir cuentas de ese cumplimiento.

Las organizaciones supranacionales emergentes de los procesos de integración deberán ser asimismo democráticas. En algún momento UNASUR deberá contar con un Presidente y un Parlamento elegidos democráticamente. El Presidente deberá ejercer las funciones delegadas por los estados miembros (fuerzas armadas, relaciones internacionales, banco central, educación, recursos naturales, etc.). El parlamento deberá contar con dos Cámaras: una que represente de modo directo a los pueblos y otra que represente a los Estados. Presidente y parlamentarios deberán tener mandato obligatorio y someterse al juicio de residencia.

Este proceso incrementará la soberanía en sus dos vertientes: en tanto soberanía popular, haciendo a los pueblos efectivamente partícipes de las decisiones y en cuanto soberanía de los estados, garantizando que sus decisiones sean respetadas por las corporaciones globales, los demás estados y las organizaciones internacionales.

Pero el incremento de la soberanía requiere simultáneamente la democratización de la economía y su sometimiento al poder democrático. Aunque China ha logrado desarrollar un sistema que respeta la lógica de acumulación del mercado global sin ceder el control político, lo ha hecho a costa de la desigualdad en el reparto de la riqueza, la ausencia de un sistema que ´permita a las personas participar en las decisiones y el descuido  de los recursos naturales. Las movilizaciones populares reclamen en China lo mismo que en el resto del mundo.

Las dos cuestiones centrales de soberanía económica continental es tener una política monetaria y una política financiera comunes a todos los estados que integran UNASUR y en un paso inmediato posterior, una autoridad monetaria sudamericana y un fondo sudamericano de financiamiento. Ambos procesos están en marcha. El primero mediante la creación del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), que incluye el Consejo Monetario Regional y se inspira en el Sistema Multilateral de Pagos (SML) establecido, aunque aun insuficientemente aplicado entre Argentina y Brasil para substituir el dólar como moneda de los intercambios. El SUCRE establece los procedimientos para que los intercambios dentro de UNASUR abandonen definitivamente el dólar como moneda y avancen a un moneda de cuenta, común etapa previa a una moneda común sudamericana. El segundo mediante la creación del Banco del Sur, como fondo monetario, banco de desarrollo y organización financiera de América del Sur.

Sin integración en organizaciones supranacionales democráticas no habrá mercado efectivamente regulado y juzgado por jueces públicos y no habrá justa distribución de los bienes y el conocimiento. Por ello, aunque sean metas lejanas, que deben construirse y alcanzarse con paciencia y persistencia, es preciso que sean metas explícitas para todas las personas de buena voluntad la profundización de la democracia, la regulación del mercado, la integración continental y el incremento consecuente de la soberanía popular y nacional.

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[1]Hardoy, Ana (2004) Editorial en Herrera, Amílcar O. y otros (1977), ¿Catástrofe o Nueva Sociedad? Modelo Mundial Latinoamericano 30 años después, 2ª. Edición, Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, 2004.  

[2] Stglitz, Joseph E., El precio de la desigualdad. El 1% de la población tiene lo que el 99 % necesita, Taurus, Buenos Airas, 2012, p. 194.

[3] Arendt, Hannah, La tradición oculta, Paidos, Buenos Aires, 2004, p.16.

[4] Laïdi, Zaki, Un mundo sin sentido, FCE, México, 1999, p. 15

[5] Podetti, Humberto Crisis global, derecho e integración regional en Podetti Humberto y Bonneso de Araujo, Luiz, Integración y Derecho, EDIAR, Buenos Aires, 2007, p. 223.

[6] Guillén, Rubén León, Integración suramericana: cara o ceca. [Base de un proyecto soberano o herramienta de sujeción a los intereses foráneos], Agenda de Reflexión N° 841, 14/09/2012, http://www.agendadereflexion.com.ar/2012/09/14/841-integracion-suramericana-cara-o-ceca/

[7] Jaguaribe,Helio Un estudio crítico de la historia cit., T. II, p. 695. Sostiene Jaguaribe que “una sociedad consumista totalmente intransitiva no es autosustentable y puede dar lugar a uno de dos resultados. Uno sería la formación de un mundo orwelliano en el que la élite del poder  instituiría una dirección autoritaria tecnocrática, por medio de la cual el consumismo intransitivo se mantendría a cambio de proveer de apoyo a la élite en el poder”.

[8] Votaron en contra EEUU, Canadá y Trinidad y Tobago. Se abstuvieron Barbados, Bahamas, Panamá, Jamaica y Honduras. Y votaron a favor Guatemala, Belice, El Salvador, Dominica, Antigua y Barbuda, Ecuador, Costa Rica, Colombia, Chile, Brasil, Bolivia, Argentina, Guyana, Venezuela, Uruguay, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Perú, Paraguay, Surinam, Nicaragua, México y Haití.

[9] De cada millón de personas que pueden inscribirse anualmente en el padrón electoral en EEUU, 500.000 son latinoamericanos, 250.000 asiáticos, 150.000 africanos y el resto se divide entre los descendientes de europeos latinos y los anglosajones.

FSM.